En vísperas del primer año de su partida a la casa del Señor, reproducimos el último video que grabó.
En vísperas del primer año de su partida a la casa del Señor, reproducimos el último video que grabó.
En vísperas del
feriado dedicado a conmemorar a las víctimas del proceso iniciado el 24 de
marzo de 1976 -según lo dispuesto por Ley 25.633 que fija el Día nacional de la memoria por la verdad y
la justicia-, creemos oportuno analizar lo ocurrido entonces, procurando
que se reflexione con mayor objetividad sobre un hecho histórico de nuestro
pasado.
Teniendo en cuenta
las marchas que se realizarán el próximo domingo, en las que participarán
varias entidades en homenaje a los desaparecidos (Página 12, 21-3-24), no deben
confundirse las motivaciones, y superponer esta fecha con la del 10 de
diciembre de 1983, en que, por ley 26.323, se recuerda el día de la
Restauración de la Democracia.
Antes del comienzo
del Proceso de Reorganización Nacional, y por mandato de un gobierno
constitucional, las fuerzas armadas recibieron la orden de enfrentar a la
subversión. Que, en dicha misión, se hayan cometido errores y abusos, no
suprime la necesidad del Estado de restaurar el orden público, y la obligación
de acatar la orden por parte de los militares.
Conviene,
entonces, comenzar por dimensionar el saldo de bajas producidas en el conflicto
mencionado, que de ningún modo ascendió a la mítica cifra de 30.000
desaparecidos. Citemos algunos datos (1):
*La actual
Vicepresidente manifestó: “en el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres; ¿dónde
están los demás?”.
*En el Nunca Más,
documento oficial, se fijan las denuncias en 8.961.
*En el Registro
Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Secretaría de Derechos
Humanos, figuran 7.018 desaparecidos y 1.613 asesinados; total: 8.631, entre
1966 y 1983.
*Graciela
Fernández Meijide, una de las redactoras del Nunca Más declara: “¿Me van decir
que hay 22.000 familias que no han denunciado la desaparición de un miembro?”.
Metodología
utilizada
En el prólogo del
Nunca Más, se citan las palabras de despedida del Jefe de la Delegación
Argentina, ante la Junta Interamericana de Defensa, General Santiago Omar
Riveros, 24-1-1980: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las
órdenes escritas de los Comandos Superiores”. (2)
En la Revista
Militar el General Genaro Díaz Bessone, afirma que: “Cuando el Ejército fue
empeñado en la guerra revolucionaria, estaba preparado para ello, aun cuando la
teoría contenida en los reglamentos debió ser corregida por la experiencia
derivada de los combates” (3) El mismo oficial, acota en un libro, que estaban
vigentes desde 1968, reglamentos militares redactados para este tipo de guerra,
agregando que: “Desde fines de la década de los años 50 el Ejército Argentino
se venía preparando para la Guerra Revolucionaria”; dicha preparación tuvo
“como base un cuerpo doctrinario constituido por numerosos reglamentos
militares”. (4)
Verdadero fundamento: la escuela francesa
Consideramos que
el antecedente en que se basaron las Fuerzas Armadas argentinas para la guerra
antisubversiva fue la llamada escuela francesa. El General Reynaldo Bignone,
último presidente de facto, reconoció que fue el General Carlos Rosas el gestor
de que el Ejército tuviera una asesoría francesa, y que la forma de oponerse a
la guerra revolucionaria fue adoptada del modelo francés, que se volcó en los
reglamentos que se aplicaron en dicha guerra.
La experiencia
militar que adquirieron los franceses en Indochina, dio lugar a la nueva teoría
contrarevolucionaria. En efecto, descubrieron que las tácticas y armamentos
utilizados en la Segunda Guerra Mundial no era apropiada para la guerra
moderna, donde no hay un frente y el enemigo está oculto entre la población. El
enemigo es interno lo que obliga a controlar a toda la población. La
inteligencia adquiere mayor importancia, la inteligencia implica el
interrogatorio, y en el interrogatorio, a veces, se debe aplicar la tortura.
Después de la
derrota de Dien Bien Fu, las tropas francesas se ven obligadas a retirarse de
Indochina, pero los métodos que experimentaron en ese lugar, los aplicaron
luego en Argelia, y los transmitieron a los norteamericanos, quienes, a su vez,
los aplicaron en Vietnam. En la nueva guerra de Argelia, el Estado Mayor del
Ejército francés adhirió a la doctrina de la guerra revolucionaria, encomendada
al General Jacques Massu, de quien Trinquier fue asesor. Además, comenzaron a
enseñarse dichas técnicas en un Centro de Entrenamiento en Guerra Subversiva,
creado por el ministro de Defensa, Jacques Chaban-Delmas. La difusión de esas
experiencias se realizó desde la Escuela de Guerra de Francia, de donde egresó
en 1957 el entonces Coronel Carlos Rosas, que asumió como Subdirector de la Escuela
Superior de Guerra de la Argentina.
En 1959 suscriben
un convenio los ejércitos de Francia y la Argentina, que comienza a cumplirse
en febrero de 1960, con la instalación en Buenos Aires de una misión militar
francesa, integrada por tres oficiales veteranos de Argelia. Uno de ellos, el
Teniente Coronel Henri Grand d’ Esnon, pronuncia una conferencia en la Escuela
de Guerra, el 26-5-1960, en la que describe la guerra subversiva. Cabe destacar
que, en esa época, el Ejército argentino destinaba al mejor graduado de la
Escuela de Guerra a realizar un curso de perfeccionamiento en París, incluyendo
un mes de práctica en Argelia. Uno de los oficiales fue el entonces Teniente
Coronel Alcides López Aufranc, quien dirigió en 1961 el primer Curso
Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, al que asistieron oficiales de
catorce países.
En 1963 la
influencia francesa se atenúa, pero en 1974 se reactiva la misión, quedando a
cargo desde el 15-4-74, del Coronel Robert Servant, ex combatiente de Indochina
y Argelia, quien se instala en el piso 12, donde funciona el Estado Mayor del
Ejército cuyo jefe era el General Jorge Rafael Videla. Al año siguiente,
comienza el combate a los grupos subversivos en la Provincia de Tucumán.
Evaluación de la
metodología utilizada
Sobre la
metodología empleada en la guerra antisubversiva argentina, caben dos tipos de
consideraciones, referidas al resultado de la misma y a la caracterización
ética. Previo a ello, debemos partir de definir lo ocurrido en la década de
1970 en la Argentina como una guerra, y no una acción represiva. En efecto, el
Reglamento RV-136-1 “Terminología castrense de uso en las Fuerzas Terrestres”,
que estaba vigente en la época estudiada, define a la represión militar en un
sentido acotado a una zona de emergencia. (5)
Por el contrario,
el Decreto Nº 2772/75, en su Art. 1º, establece que: “Las Fuerzas Armadas bajo
el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del
Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de
seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los
elementos subversivos en todo el territorio del país.”
El mismo
Reglamento citado, define lo que se entiende por subversión: “Comprende las
acciones de los grupos de insurrección clandestina destinados a reducir el
potencial militar, económico, sicológico o político del enemigo mediante
actividades destinadas a agitar a la población contra un gobierno establecido o
contra una fuerza de ocupación.”
La Cámara que
juzgó y condenó a los integrantes de las Juntas Militares, afirmó que había
existido una guerra. Asimismo, el prólogo del informe oficial de la CONADEP
-Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-, comienza con la frase:
“Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que
provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno
que ha ocurrido en muchos otros países”. (6)
Las Fuerzas
Armadas cumplieron la misión encomendada: aniquilaron el accionar de los grupos
subversivos; es decir, lograron un éxito militar. Pero el método elegido para
la guerra convirtió a los terroristas en víctimas. Así lo reconoce el General
Harguindeguy, ministro del Interior del Proceso: “ganamos la guerra pero
perdimos la paz”. Lo ocurrido queda bien reflejado en una frase de Jacobo
Timerman: “La guerrilla...no pudo competir. Y sin embargo, no fue derrotada en
el terreno ideológico, moral, porque sigue esgrimiendo la irracionalidad de la
represión, el abuso de poder, la ilegalidad de los métodos. Y ésa es su carta
de triunfo... (7)
Ni siguiera puede
argumentarse que debieron utilizarse procedimientos especiales, propios de la
situación de guerra, puesto que se eludió deliberadamente el encuadramiento del
oponente como combatiente. Así queda de manifiesto en el RC-8-3: “El activista,
el perturbador del orden, etc., no será considerado prisionero de guerra, y,
por tal motivo, no tendrá derecho al tratamiento estipulado en las convenciones
internacionales (pag. 93)”.
En el documental “Escuadrones
de la muerte. Escuela Francesa”, realizado por la periodista Marie-Monique
Robin, el General Díaz Bessone admitió los procedimientos clandestinos, y
consideró que en la guerra contrarrevolucionaria los desaparecidos y las
ejecuciones extralegales son daños colaterales. (8)
La metodología
empleada fue adoptada de la escuela francesa, cometiendo el error de seguir
recetas que, en realidad, ya habían fracasado en Argelia y en Vietnam, países
donde terminó triunfando políticamente el enemigo subversivo. Se desconoció que
la estrategia de una guerra interna excede el plano militar, y debe apuntar al
objetivo político de lograr la paz y asegurar la convivencia entre los
ciudadanos.
Especialmente en
el caso de una guerra revolucionaria, “lo importante no es tanto la derrota del
enemigo como la restauración de la confianza de la población”, para lo cual
deben evitarse “los excesos de violencia o reacciones incontroladas en la
represión, que sólo sirven para impedir o dilatar la reconciliación y la concordia.”
(9) Estas reflexiones pertenecen a un libro publicado en 1970 por el Círculo
Militar, y lamentablemente no fueron tenidas en cuenta.
El hecho de que se haya procedido siguiendo
directivas gubernamentales, y aplicando reglamentos que configuraban un derecho
positivo, no altera la cuestión de fondo: la ley si es injusta, no parece que
sea ley (San Agustín). “La justicia que no resiste la publicidad no es
justicia, y entonces no limpia la ofensa al bien común, sino que lo ensucia con
demostraciones de falta de autoridad, de responsabilidad, de razones y de
coraje cívico”. “No conocemos un solo argumento válido, ni moral ni
estratégicamente, para justificar ejecuciones clandestinas”. (10)
No puede negarse
que la violencia que enlutó al país, fue iniciada por grupos guerrilleros que,
desde el 24-3-1976, asesinaron a 711 personas, y por lo tanto el Estado tenía
la obligación de actuar contra dichos grupos con el máximo rigor. Por eso debe
distinguirse entre la lucha contra la guerrilla, que estuvo legalmente ordenada
y moralmente justificada, de los métodos empleados en esa lucha.
Las autoridades
estatales aceptaron el argumento perverso de que en una guerra antisubversiva
el fin justifica los medios, no pudiendo evitarse acciones que en tiempos
normales constituyen delitos. Así lo expresa, con toda claridad, el General
Díaz Bessone: “Si ante la agresión decimos que el fin no justifica los medios,
preparémonos para ser santos o esclavos, pero no gastemos dinero en prepararnos
para la guerra, y aceptemos que nos borren de entre las naciones libres de la
tierra.” (11)
La doctrina
clásica de la guerra, por el contrario, enseña que en la misma es posible ser
eficaz y santo. Los principios contenidos en la escuela hispánica, que tuvo su
mayor exponente en el P. Francisco de Vitoria, son aplicables a la realidad
contemporánea. También la Iglesia Católica se ha pronunciado sobre la moralidad
de los actos en este tipo de conflictos, señalando que el secuestro, la tortura
y el homicidio, son siempre ilícitos, aunque la causa que se defiende sea justa
(12). “Si dichos crímenes son realizados por la autoridad encargada de tutelar
el bien común, envilecen a quienes los practican, independientemente de las
razones aducidas”. (13)
Conclusión
En momentos de
honda crisis en nuestra Patria, es necesario esclarecer cuestiones, como la que
hemos tratado en este artículo, para poder evaluar con objetividad, no adoptar
decisiones injustas, teñidas de venganza, y tampoco reiterar errores cometidos,
avalando metodologías inaceptables.
1 1) BBC News Mundo, Argentina, 7-12-2023.
2 2) CONADEP. “Informe de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas: Nunca Más”; Buenos Aires, Eudeba, 1997, pg. 8.
3) Díaz Bessone, Ramón Genaro. “Guerra o
represión”; Revista Militar, Nº 721, enero/julio 1989, pg. 35.
4 4) Díaz Bessone, Ramón Genaro. “Guerra revolucionaria en
la Argentina (1959-1978)”; Buenos Aires, Círculo Militar, 1988, pgs. 237 y 243.
5 5) “Represión militar: es la acción violenta que ejecutan
fuerzas militares en una zona de emergencia para anular cualquier tipo de
conmoción interior importante, originada por la acción de grupos de cierta
magnitud, organizados y armados de manera tal que supere la capacidad policial
y/o pongan en peligro a la seguridad local.”
6 6) CONADEP, op. cit., pg. 7.
7 7) Timerman, Jacobo. “Preso sin nombre, celda sin
número”; Buenos Aires, El Cid Editor, 2da. edic., 1982, pg. 51.
8) “¿Cómo puede sacar información (a un detenido) si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”. “¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7000 personas”.
(http://200.61.159.98/diario/el pais/1-24901.html)
9 9) Crawley, Eduardo. “Subversión y seguridad: la cuestión
de la guerra de guerrillas en el contexto argentino”; Buenos Aires, Círculo
Militar, 1970, pgs. 107 y 110.
1 10) Castro Castillo, Marcial. “Fuerzas Armadas, ética y
represión”; Buenos Aires, Nuevo Orden, 1979, pgs. 140/142.
1 11) Díaz Bessone...Guerra revolucionaria..., op. cit., pg.
17.
1 12) Conferencia Episcopal Argentina, 16-3-1972.
13) III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano. “Documento de Puebla”, 1979, p. 531.
En vísperas del
feriado dedicado a recordar la fecha mencionada, para conmemorar a las víctimas
del proceso iniciado en esa fecha -según lo dispuesto por Ley 25.633 que fija
el Día nacional de la memoria por la
verdad y la justicia-, creemos oportuno analizar lo ocurrido entonces,
procurando que se reflexione con mayor objetividad sobre un hecho histórico de
nuestro pasado.
¿Pudo evitarse el
derrocamiento del gobierno?
Se conoció, por
una carta de lectores al diario Clarín (18-3-06), el testimonio del Sr.
Guillermo Bringiotti, quien, siendo estudiante de periodismo, tuvo oportunidad
de entrevistar al presidente del Partido Radical, Dr. Ricardo Balbín, días
antes de aquella fecha. Relata haber escuchado ésta frase textual: “Ya no hay nada
que hacer, la suerte está echada”. Quienes vivimos intensamente lo acontecido
en esos días, recordamos que el Dr. Balbín manifestó en una aparición por
televisión: “Debe haber una solución, pero yo no la tengo”.
Parece obvio que,
si el líder del principal partido opositor se expresaba así, es que no existía
una alternativa viable al golpe de Estado. Sin embargo, desde hace años se ha
instalado en la opinión pública, que el motivo del derrocamiento fue el deseo
de instaurar una dictadura que reprimiera a quienes se opusieran a un nuevo
modelo económico de explotación. Este año –con motivo del 48 aniversario- se ha convocado a una marcha para recordar a
los 30.000 desaparecidos, sumando a entidades como la CGT, las dos CTA, las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros grupos diversos (Página 12, 21-3-24).
Por cierto, que no
puede avalarse el método utilizado para combatir a los grupos subversivos que
actuaron en la década de 1970, pero, tanto el accionar terrorista como la
represión ilegal ya existían antes del cambio de gobierno. Hubo 908
desaparecidos antes del 24-3-76, y la participación de las Fuerzas Armadas en
la lucha antiterrorista fue dispuesta en 1975 por un gobierno constitucional.
El 24 de marzo, la
sociedad argentina estaba al borde de la desintegración, con un sector público
anarquizado y que había perdido el monopolio del uso de la fuerza. Todos los
mecanismos constitucionales y todos los matices y las combinaciones imaginables
dentro del sistema vigente se habían mostrado ineptos para revertir aquella
carrera hacia la disolución [1]. Además, como lo señalaron los obispos, el
derrocamiento del gobierno fue consentido por parte de la dirigencia de
aquellos momentos [2]. Como resume una crónica periodística: “Nadie alzó un
dedo, siquiera una voz, se vivió una jornada de sugestiva normalidad, para
quejarse por esa malhadada interrupción. Más bien, era admitida y hasta querida
por imposibilidad de modificar la sistemática incompetencia de un gobierno” [3].
En realidad, hasta
el último cuatrimestre de 1974 la opinión predominante en las Fuerzas Armadas
era refractario a involucrarse nuevamente en la conducción del Estado; incluso
consideraban que el problema subversivo debía ser enfrentado por las fuerzas de
seguridad y no por los militares. El panorama fue cambiando debido al fracaso
del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al intentar tomar un cuartel, lo
que impulsó, como represalia, el asesinato indiscriminado de miembros de las
Fuerzas Armadas, y esto, a su vez, comenzó a modificar la opinión militar.
El gobierno
constitucional, en 1975, encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la
actividad guerrillera. Al inicio de 1976, había dos generales en actividad a
cargo, respectivamente, de la Policía federal y de la SIDE (Secretaría de Informaciones
del Estado). Si se dio el paso siguiente -asumir el gobierno- fue por la
convicción de que era la única manera de terminar con el caos y vencer a la
subversión [4].
Carencia de
solución institucional
Como la
intervención militar en 1976 no fue la primera en la historia política
argentina, es necesario detenerse a evaluar el motivo de fondo que produce esas
interrupciones en la normal sucesión de autoridades constitucionales.
Recordemos que las rupturas institucionales se produjeron, durante el siglo XX,
en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, sin contar el alejamiento forzoso del
presidente Frondizi, en 1962, por aplicación discutible de la ley de acefalía.
Carece de rigor
analítico la suposición de una continuidad en el empeño de las Fuerzas Armadas
de ocupar el poder. Además, con excepción de 1955, en que hubo enfrentamientos
armados, los cambios de gobierno se hicieron pacíficamente, sin verificarse
nunca -ni siquiera en el 55- las características de un fenómeno revolucionario.
Tampoco existió nunca una casta militar, que se suceda en el tiempo, ni logias
que transmitan a sus continuadores una manera unívoca de actuar en el plano
político. El estilo de gobernar y las definiciones públicas de los jefes
militares de 1976, no presentan la menor coincidencia con lo registrado 46 años
antes, en el gobierno surgido del golpe de 1930.
Consideramos
evidente que hay un motivo estructural: la carencia de un remedio
institucional, que opere en casos de emergencia. La opinión de los
constitucionalistas es clara [5]: quien asume el Poder Ejecutivo como
consecuencia de un golpe de Estado es denominado presidente de facto, dado que
no es un mero usurpador, y su investidura es admisible cuando se dan algunos
requisitos:
a) el acatamiento
pacífico de la comunidad;
b) la disposición
de los medios para asegurar el orden, la paz, los servicios públicos y los
derechos de los ciudadanos;
c) la necesidad de
proveer, mediante la existencia de un gobierno, a la atención de aquellas
necesidades;
d) el ejercicio
público y pacífico del poder.
Lo señalado no
difiere de la doctrina clásica sobre el derecho de resistencia.
Ahora bien, como
en nuestro caso se repitió seis veces en un siglo la situación anómala de
gobiernos imposibilitados de gobernar, que debieron ser reemplazados por
autoridades de facto, debemos concluir que los golpes de Estado funcionan como
verdaderas enmiendas constitucionales. Es decir que, al no estar prevista en la
Constitución Nacional la solución jurídica que permita el reemplazo pacífico
del gobierno que perdió la legitimidad de ejercicio, se admite de hecho la
solución fáctica, avalada incluso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia. Esto es consecuencia directa del sistema partidocrático, que ha
impedido en todos los casos mencionados la utilización del juicio político,
único remedio previsto en la Constitución.
Cabe destacar, que
en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia (7-10-86),
creado para procurar el perfeccionamiento de las estructuras políticas, y que
sirvió de base para la reforma constitucional de 1994, no se incluyó ninguna
propuesta destinada a facilitar una solución institucional en las coyunturas
analizadas. Es que el gobierno de entonces, había iniciado una maniobra,
continuada por sus sucesores, destinada a evitar para siempre el peligro de
golpe de Estado, mediante un recurso drástico: la destrucción de las Fuerzas
Armadas. Ello se consiguió, a través de: a) la disminución paulatina del
presupuesto militar, que impide el cumplimiento de la misión de las tres
fuerzas, y congeló los sueldos del personal; b) la supresión por ley del
servicio militar obligatorio; c) el descabezamiento reiterado de los mandos
superiores, lo que dificulta un trabajo programado, y desarticula la carrera
profesional basada en el mérito.
Se ha señalado [6]
que no puede existir un Estado, propiamente dicho, sin Fuerzas Armadas, que
constituyen una institución fundacional de la República, y simbolizan la unidad
del pueblo, y la capacidad coercitiva que corresponde a la soberanía del poder
estatal. Aquellas, han mutado a una Guardia Pretoriana, disponible para
ejecutar las órdenes del gobernante de turno, al margen de cualquier código de
honor. Del Estado, ya inexistente, sólo resta el gobierno, hipertrofiado en un
poder político personalizado carente de todo límite. A esto se le agrega, la
aparición de un narco-terrorismo, para enfrentar al cual la experiencia de
otros países muestra que no bastan las fuerzas de seguridad, ya que no están
entrenadas para el combate bélico.
Se ha logrado,
entonces, el objetivo: impedir que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el
futuro como recurso extraordinario en situaciones límites, no solucionables por
medio de las normas vigentes, de modo de garantizar la continuidad de la
República.
[1] Iribarne,
Miguel Ángel. El rescate de la República; Buenos Aires, Emecé, 1978, p. 11.
[2] Conferencia
Episcopal Argentina, 15-3-06.
[3] Ámbito
Financiero, 20-3-06.
[4] Fraga,
Rosendo. La Nación, 19-3-06.
[5] Bidat Campos,
Germán. Manual de Derecho Constitucional Argentino; Buenos Aires, EDIAR, 1972,
pgs. 695/697.
[6] Sánchez
Sorondo, Marcelo. La Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos; en Revista
Militar, Nº 728, 1993, pgs. 13/17.
Mons. Aguer (*) ha
efectuado un crudo análisis de la crisis de la Argentina, relacionada con la
crisis de la Iglesia. Conviene retener sus conceptos:
"El 8 de
marzo ha sido consagrado como ‘Día Internacional de la Mujer’, una apoteosis
del feminismo mundial, que se hace ubicuo. En Buenos Aires se concentró una
multitud de mujeres jóvenes, ideologizadas, universitarias; el acto fue copado
por la izquierda. De esto tendría que ocuparse el Episcopado, que obsesionado
por el problema de la pobreza no asume su deber de evangelizar la cultura, y
deja a los fieles inermes ante la batalla cultural, en la que el papel decisivo
está representado por los discípulos locales de Gramsci."
"Leo en La
Prensa el informe sobre la audiencia de la comisión ejecutiva de la Conferencia
Episcopal: “Los obispos manifestaron a Milei preocupación por la crisis
actual”, y sigue: “La Iglesia reclamó al Presidente contención para los
sectores vulnerables que sufren, en especial, la falta de alimentos, y
medicamentos”. Esta obsesión episcopal reclama continuar con las dádivas de la
década anterior. ¿Qué aporte hace la Iglesia? ¿Y el laicado católico, y
Cáritas? Hay que hacer esto, sin descuidar aquello. Pero es inútil, los obispos
no entienden los problemas culturales...".
(*) La Prensa,
18.03.2024
Recientemente han
sido criticadas unas frases del Papa referidas a la situación de Ucrania, y la
conveniencia de que ese país acepte negociar el fin de la guerra. Expresó
Francisco: “Creo que es más fuerte quien ve la situación, quien piensa en el
pueblo, quien tiene el valor de la bandera blanca, de negociar. Y hoy se puede
negociar con la ayuda de las potencias internacionales.” (1)
Lo manifestado por
el pontífice se encuadra en la doctrina cristiana sobre la guerra y la paz,
resumida en el Catecismo. Las consecuencias negativas de todo conflicto bélico,
agravadas por el enorme poder de destrucción de las armas actuales, exige a los
gobernantes acentuar la prudencia para evitar la guerra, mientras no se den
varias condiciones concurrentes:
a)Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea
duradero, grave y cierto; b) que los restantes medios para ponerle fin hayan
resultado impracticables o ineficaces; c) que se reúnan las condiciones serias
de éxito; d) que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más
graves que el mal que se pretende eliminar.
Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la "guerra justa". (2)
Como observa un especialista (3) que ha estudiado el curso de la guerra de Ucrania, queda en evidencia que Ucrania pudo soportar dos años de conflicto con la ayuda explícita de países europeos y de Estados Unidos. El saldo es un país endeudado y que ha transferido el control de la economía a capitales extranjeros, con millones de ciudadanos exiliados y físicamente en ruinas.
“La última confirmación de que en marzo de
2022 se había alcanzado un acuerdo de principio entre Moscú y Kiev, que fue
torpedeado en primer lugar por el primer ministro británico, Boris Johnson,
proviene de las recientes admisiones del asesor del presidente ucraniano Zelensky,
David Arakhamia”.
Otro experto, Eli
McCarthy, sostiene que el objetivo de Rusia al iniciar el conflicto, fue
simplemente evitar que Ucrania lograra incorporarse a la OTAN, pues eso
afectaría la seguridad de su país al permitir que EEUU instalara misiles en la
frontera (4).
Un actor,
Zelensky, devenido en Presidente en 2019, sin experiencia previa en la vida
pública, lejos de actuar con la prudencia que es la virtud que rige la política,
condujo a un conflicto que no reúne las condiciones que fija la doctrina, y se
parece más a un suicidio colectivo. Convendría tomar nota de lo sucedido, para
evitar en estas tierras situaciones semejantes.
( 1) La Voz del Interior, 13-3-24.
2) Catecismo de la Iglesia, p. 2309.
( 3) Cnel. (R) Gabriel Camilli, La Prensa, 7-1-2024
4) Cit. p.: Irrazábal, Gustavo, Ucrania, la guerra justa y la paz justa; Criterio digital, 4 abril, 2022
En memoria del P. José Cuesta sdb
El P. José
insistía en la necesidad de conocer, difundir y aplicar la doctrina, por parte
de los laicos católicos; en especial en nuestra época, de gran confusión. Como
reflexionaba el Card. Quarrachino: en un mundo alejado de la verdad y con pocas
vocaciones religiosas, la evangelización será laical no habrá evangelización.
Por eso nos
interesa comentar brevemente el tema indicado; hay principios que debemos difundir
y defender, sin aceptar negociarlos. Quien los expuso en 2002, fue el entonces
Card. Ratzinger, siendo Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
en la nota doctrinal sobre la Política. En 2007, siendo ya Benedicto XVI, los
resumió en la Exhortación Apostólica Sacramentum caritatis:
*el respeto y la defensa de la vida humana,
desde su concepción hasta su fin natural;
*la familia fundada en el matrimonio entre
hombre y mujer;
*la libertad de educación de los hijos
* y la promoción del bien común en todas sus
formas".
La única manera de
hacer efectivo este mandato, es participando activamente en la vida cívica, en
base a dos premisas doctrinarias:
-la obligación
moral del voto (Catecismo, 2240);
-y la obligación
de respetar el régimen institucional vigente (Enc. Au milieu des solicitudes, Leon
XIII, 1892) sin perjuicio de procurar su perfeccionamiento.
La insistencia
actual en los principios no negociables es que nos sirven de guía para la
selección de los gobernantes, puesto que dichos principios no se están respetando
en la Argentina y afectan gravemente nuestras creencias.
1.Con respecto
a la vida: desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del
embarazo, se han efectuado en sólo dos años, 170.000 abortos, financiados por
el Estado (85 millones de dólares). Esto ocurre en una sociedad en que está
descendiendo en forma alarmante el índice de fecundidad (promedio de hijos por
mujer) que debe ser de 2,1 para que se mantenga la población; el índice actual
es de 1,4.
Lo más grave es
que, según reveló la Encuesta sobre creencias religiosas (Conycet, 2019), el 80
% de los católicos argentinos aceptan el derecho a abortar.
En el otro extremo
de la vida, se proyecta aprobar la eutanasia, de modo formal, aunque ya se la
practica con una interpretación flexible del concepto de muerte digna. En la
ciudad de Córdoba, recientemente se quitó la alimentación e hidratación a un
paciente por disposición del Superior Tribunal de Justicia (sic).
2. Respecto a la
familia: disminuye la proporción de matrimonios (incluso por el Civil) y
aumentan las separaciones. También se aprobó una ley de matrimonio igualitario.
3. Sobre la educación
de los hijos: se ha incrementado la orientación contraria a la fe,
especialmente con la ley de Educación sexual integral.
4. El bien
común: -entendido como el conjunto de aquellas condiciones de la vida
social que permiten a los grupos ya cada uno de sus miembros, conseguir más
plena y fácilmente su propia perfección- no caben dudas que no se está
logrando. Baste mencionar el 57 % de pobres, que muestra la injusta
distribución de los bienes.
Cómo evaluar el respeto a los principios no
negociables
La posición con
respecto a los tres primeros principios (vida-familia-educación) queda
manifestada directamente en la Plataforma Electoral, en la propaganda, los
discursos y los reportajes. Puede detectarse fácilmente, aunque requiere un
mínimo de dedicación por parte de los ciudadanos.
En cambio, la
posición respecto al Bien Común, siempre está ligada a la ideología o doctrina
del candidato/partido; y se vincula a otros dos principios del orden social:
solidaridad y subsidiariedad.
Quien profesa
-expresa o tácitamente- el liberalismo
tiende a descuidar o restringir la solidaridad,
para acentuar los derechos individuales, en especial el de propiedad privada.
Quien promueve el colectivismo -como el marxismo o el
fascismo- suprime o debilita la subsidiariedad.
Si recordamos la
definición de bien común, puede determinarse –ya sea de los antecedentes o de
los proyectos- si se proponen criterios que puedan lograrlo. Puesto que ello no depende de la capacidad
económica o poderío político del país respectivo, sino de la orientación del
Estado en las políticas públicas.
Valga como prueba
que el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas –que refleja en gran
medida la calidad de vida de la población- muestra que los ocho países mejor
ubicados, no son precisamente los más grandes y poderosos. En efecto, en orden
decreciente, figuran: Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia,
Dinamarca, Suecia, Irlanda. Recién en el 9º lugar figura Alemania, en el
18º Reino Unido, en el 20º Japón, y recién en el 21° Estados
Unidos.
Como ciudadanos,
nos debe interesar que nuestro país recupere el orden y la concordia social,
que sólo pueden existir si se logra el bien común, que implica una convivencia
armónica lograda con justicia y solidaridad.
El cristianismo
siempre ha considerado a la política como una actividad noble, aunque no deben
confundirse los planos y pretender con la política lograr la perfección de una
sociedad; es imprescindible, sin embargo, para ayudar a reducir el mal y a
acentuar el bien lo más posible.
En la última
encíclica, Fratelli tutti (2020), el papa Francisco insiste: “Una vez más
convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las
formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.” (180)